La Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Españolas (CCS) celebró los días 13 y 14 de julio, junto con el Consejo Social de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) y la Fundación para la Formación e Investigación en Auditoría del Sector Público (FIASEP), unas Jornadas bajo el título ‘Tendencias y desafíos del compliance en la universidad española: hacia una cultura de integridad y buen gobierno”, en el marco de la Universidad de Verano de Maspalomas.
“España es el país europeo con menos avances en cuanto a gobernanza en la universidad”, señaló Antonio Abril Abadín, presidente de la CCS, durante el acto de inauguración, donde también intervino Ángel Tristán Pimienta, presidente del Consejo Social de la ULPGC, quien destacó que en Canarias la supervisión se canaliza “de manera expresa y efectiva en este Consejo Social de la ULPGC, con el servicio de control interno o intervención”.
Además, participaron Lluís Serra Majem, rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria; José Carlos Naranjo Sintes, presidente de FIASEP; Elena Álamo Vega, concejala de Presidencia, Recursos Humanos y Cultura del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana; e Inés Miranda Navarro, consejera de Política Territorial y Paisaje del Cabildo Insular de Gran Canaria.
Una de las ponencias más destacadas fue la del presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, que fue presentada por Félix Sanz Roldán, presidente del Consejo Social de la Universidad de Castilla La Mancha. El magistrado abordó los problemas que van a tener las universidades españolas sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas y las obligaciones que se derivan de la reciente ley sobre la protección de los ‘informantes’ o Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción. También afirmó que “las leyes se hacen con precipitación”, refiriéndose al sistema jurídico español.
La segunda ponencia estuvo a cargo de Alain Casanovas, responsable de Legal Compliance en KPMG España y director del KPMG Compliance Think Tank, que destacó la necesidad de disponer en cualquier organización, de modelos de compliance que garanticen “una gestión íntegra y acorde con las normas”. Y, remarcó que, en el ámbito de las universidades, la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) atribuye al Consejo Social de las universidades “velar por el cumplimiento de los principios éticos y de integridad académica, así como de las directrices antifraude, que deben guiar la función docente y la investigación, en colaboración con los organismos y planes de los que, para estos efectos, disponga cada universidad”.
Seguidamente intervino Enrique Álvarez Tolcheff, funcionario del Cuerpo de Técnicos Superiores de Administración General de la Comunidad de Madrid con destino en el Tribunal de Cuentas, para analizar la ‘Relación entre el ejercicio de control interno y del compliance en el ámbito universitario’ e hizo hincapié en que “los sistemas de integridad, los planes antifraude exigidos por la Unión Europea o el compliance constituyen una oportunidad de mejora del sector público en general y del ámbito universitario en particular”. Para concluir el primer día Ana Suárez Calvo, consejera del Consejo Social de la ULPGC, dio paso a Javier Martín Cavanna, director ejecutivo de la Fundación Haz, quien abordó la función de los análisis y seguimiento constante de la transparencia de las instituciones para su Fundación a la hora de elaborar rankings.
El segundo día comenzó planteando los ‘fines y objetivos del Código ético en la Universidad’ en una sesión presentada por Javier Vidorreta Salillas, presidente del Consejo Social de la Universidad Pública de Navarra y con la intervención de Fernando Navarro Cardoso, catedrático de Derecho Penal de la ULPGC, quien resaltó que “defiendo la implementación de un código ético en todas las instituciones tanto públicas como privadas”. Otro de los temas que se analizaron durante la mañana fue ‘cómo hacer un código ético en una organización. Aplicación a la universidad española’, presentado por Montse Guardiola, presidenta del Consell Social de la Universitat Politécnica de Cataluña, y donde participaron Antonio Abril Abadín, presidente de la CCS, y Javier Camacho, doctor en Economía y Empresa por la Universidad Pontificia Comillas además de consultor y consejero de empresas en temas de Ética Empresarial.
En su intervención, el presidente de la Conferencia y del Consello Social de la Universidad de A Coruña, explicó que el Código Ético no es “un documento meramente programático, sino un documento con vocación de generar obligaciones” que establece expectativas para las personas vinculadas a cada organización, además de medidas que “garantizan su correcta aplicación y constituye el vértice del árbol de políticas internas de cualquier organización”. Y resaltó el papel que cumple “el código ético como instrumento necesario de la sostenibilidad universitaria. La Responsabilidad Social (sostenibilidad) es la mayor revolución experimentada por la empresa occidental en el siglo XXI”. Por su parte, Javier Camacho expuso una reflexión para analizar si los códigos éticos son necesarios, útiles y efectivos, así como la relación que existe entre la ética, la legalidad y el compliance, y presentó el resultado del estudio de los códigos éticos en doce universidades españolas. Como conclusión señaló que todos los códigos son parecidos, pero solamente la mitad incorpora algunos mecanismos de seguimiento.
A continuación, fue el turno de Rafael Fernández Valverde, magistrado emérito del Tribunal Supremo y ex vocal del Consejo General del Poder Judicial, quien manifestó que “hemos fracasado con un sistema de cumplimiento normativo”, y ahora “el Estado de Derecho no tiene otra salida que pedir colaboración ciudadana, que resulta imprescindible para el conocimiento del Derecho”. También, se mostraron experiencias concretas de la implantación del compliance en el ámbito universitario con los ejemplos que mostraron Sofía Querejeta, directora legal y cumplimiento en Guadarrama Proyectos Educativos, y Elena de la Fuente, secretaria general y responsable de Compliance en la Universidad Europea (UE). Sobre la experiencia de la UE se mostraron los pasos que han seguido para el plan de compliance, que inicia con la aprobación por el Consejo de Administración del Plan (código ético, política y manual de prevención) y la formación del Comité de Compliance, formado por tres personas.
Jesús León Lima, expresidente del Consejo Social de la ULPGC, presentó la ponencia sobre ‘Compliance en la administración pública: dificultades y propuestas’, en la que participaron Beatriz Montes, letrada y profesora de Compliance en la Universitat de Valencia, María Concepción Campos, experta en Integridad Pública, Transparencia y Compliance en el sector público, y Carlos Alberto Saiz, presidente de la Asociación de Profesionales de Cumplimiento Normativo (CUMPLEN) y socio de Governance Risk & Compliance de Ecix Group. Montes señaló que “las universidades tienen un importante papel en la formación y concienciación de la sociedad en relación con la integridad y valores, marcando pautas de conducta ética y trasladando la cultura de la integridad a la sociedad”. Por su parte, Campos destacó que “los Consejos Sociales están llamados a ser los Compliance Officers de la Universidad”. Y, Sáiz expuso que en las administraciones públicas se han dado pasos importantes para la implantación de sistemas de compliance, “pero aún queda mucho por hacer. Uno de los retos es profesionalizar la función pública, dotando de los recursos necesarios a las personas y áreas a los que se encomiende dicha responsabilidad”.
La última ponencia contó con Ariadna Torrijos, coordinadora del Comité Técnico de Compliance en el sector educativo de la World Compliance Association, y Alexander Hasgall, jefe del Consejo de Estudios de Doctorado de la Asociación de Universidades Europeas (EUA-CDE), para contar experiencias internacionales en este ámbito en el sector educativo superior. Torrijos indicó que “las universidades españolas se encuentran bien posicionadas para abanderar el movimiento de compliance, si aprenden y toman ejemplo de sistemas ya establecidos en el extranjero, así como de estándares reconocidos en el mercado internacional e inician un proceso de colaboración a través de cátedras nacionales e internacionales en proyectos conjuntos”. Mientras que Hasgall destacó que “la influencia de las nuevas tecnologías en la actividad investigadora no debe subestimarse, puesto que sus implicaciones éticas deben tenerse en consideración en todas las fases de la investigación, incluyendo las evaluaciones éticas”.
La clausura de estas Jornadas corrió a cargo de Antonio Abril Abadín, presidente de la CCS, Ángel Tristán, presidente del Consejo Social de la ULPGC, Suny Beerli, vicerrectora de Proyección Social y Comunicación de la ULPGC, y José Carlos Naranjo, presidente de la Fundación FIASEP. Todos coincidieron en la necesidad de establecer un cumplimiento normativo obligatorio para las universidades como oportunidad para fortalecer las instituciones y así generar mayor confianza entre la universidad y la sociedad.
Abril Abadín puso el foco en que “la nueva LOSU encomienda a los Consejos Sociales la función de velar por la ética, la integridad académica y las medidas antifraude en la universidad. ‘Velar’ ha de interpretarse como control y supervisión efectiva del compliance universitario”. Además, puso el ejemplo del Consejo Social de la ULPGC como único Consejo Social que tiene el control económico y presupuestario dentro de su universidad.
A estas jornadas asistieron el presidente, –Ernesto Pedrosa– y el secretario –Ignacio Rodríguez– del Consello Social de la Universidade de Vigo.
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