El examen de transparencia 2024 elaborado por la Fundación Haz situa al Consello Social y a la Universidade de Vigo en un de los índices más altos del Estado, como se recoge en la nueva edición del Informe de transparencia y buen gobierno de las universidades españolas, alcanzánose el 98% de los indicadores. Se renueva por tanto el sello de transparencia T en la categoría de tres estrellas, el máximo posible que concede esta fundación.
El documento analiza el comportamiento de 49 universidades públicas y 26 privadas y la puntuación obtenida por la Universidade de Vigo es superior al promedio de las públicas, que es del 88% de cumplimiento. De este modo, la institución olívica se sitúa en el grupo de cabeza, junto a las universidades de Alicante, Cantabria, Jaén, Huelva, Valladolid y Rey Juan Carlos, que este año obtuvieron un 98% de cumplimiento, la puntuación más alta en esta edición.
El sello T tres estrellas es la máxima calificación posible, para la que se requiere cumplir por lo menos el 90% de indicadores. En total, 20 universidades públicas y tres privadas consiguieron el Sello T*** en este 2024.
Las universidades privadas, las menos transparentes
En el informe de la Fundación Haz de 2024 los centros públicos obtienen el mejor resultado global de todos los años, con el 96% calificados cómo transparentes, sólo dos (4%) translúcidos y ninguno opaco. En el caso de las universidades privadas, tan sólo una quinta parte consigue la calificación de transparentes, el 19%, mientras que el 35% se categorizan cómo opacas y el otro 46% cómo translúcidas.
En esta décimo segunda edición se refleja que la información económica que publican los centros públicos alcanza un nivel de cumplimiento medio del 99%, siendo este uno de los campos en los que la distancia es mayor entre universidades públicas y privadas, estas últimas con un 27% de promedio de cumplimiento.
La novedad más destacada en esta edición del informe es la evaluación por primera vez del área de Ética y compliance, fruto de la exigencia de la nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) que, en el caso de las universidades públicas, asigna esta labor de vigilancia y compliance al consello social. Según se recoge en el informe, este es “el principal reto a lo que se enfrentan los centros públicos que deben “atribuir sin demora la supervisión de este área a los consejos sociales dotándolos de las herramientas y recursos necesarios”.