La capacidad legislativa de las asambleas de las comunidades autónomas para regular las funciones de los consejos sociales deja abierta una puerta para avanzar hacia nuevas formas de gobierno, que permitan mejorar el posicionamiento competitivo de las universidades y su aportación al desarrollo económico y social.
Dentro de la CCS estamos convencidos de que la necesidad de adaptar la nueva realidad que representa la LOSU al nuevo marco normativo autonómico aplicable a las universidades, constituye una oportunidad para los consejos sociales. Estoy seguro de que la futura norma autonómica puede ensanchar y fortalecer la presencia de los consejos sociales en la vida universitaria gallega.
Y uno de los puntos destacados está en el artigo 47.2.l que cita como función do Consello Social «Velar por el cumplimiento de los principios éticos y de integridad académica, así como de las directrices antifraude, que deben guiar la función docente y la investigación, en colaboración con los organismos y planes de los que, para estos efectos, disponga cada universidad”.
Convendrá, a través del desarrollo legislativo, determinar el alcance del impreciso termino velar. Y es importante puesto que, de darse algún incumplimiento, podría eventualmente derivarse algún tipo de responsabilidad del CS, dependiendo del alcance y el significado que se de a la mencionada expresión. Por tanto, velar ha de interpretarse como control y supervisión efectiva del compliance universitario.
Por eso me parece necesario resaltar que el Regulamento que establece y regula el canal interno de información de la UVigo, aprobado por el Consello de Goberno de la UVigo, el 20 de diciembre de 2024, recoge en el artigo 16 que «O reitor, ou a persoa que designe, presentará anualmente ante o Consello Social un informe no que dará conta do número e tipo de informacións presentadas a traves da canle interna, do número daquelas que foron rexeitadas e as súas causas, así como do número das que foron obxecto de investigación e o resultado das mesmas”. Agradezco la sensibilidad del gobierno de la UVigo al recoger este compromiso.
En este mismo contexto sería deseable que el Regulamento das Normas de Convivencia se modificase con un artículo semejante, en el que se informase de las actuaciones del Consello Social. De esta forma quedaría en la normativa propia de la universidad la obligación de reportar al Consello Social todas las actuaciones relativas a lo establecido tanto en el artículo 39.4 como en el artículo 47.2.1, y el Consello Social, con independencia de las decisiones o medidas que pueda adoptar, de mayor o menor implicación, cumpliría el mandato de la LOSU de «velar» que se cumplan los principios éticos y de integridad académica.
Aprovecho para agradecer a la secretaria general, María Jose Bravo, el informe que nos presentará en el punto 4.
Relevante también en esta sesión es el temario económico, con puntos me consta que muy madurados y muy debatidos en la comisión que preside Juan Manuel Vieites, al que –igual que a la gerenta y al resto de componentes– les reconozco un trabajo intenso que –vistas las alertas económicas que están lanzando cada vez más universidades– nos da mucha tranquilidad.
Respecto a la Conferencia de Consejos Sociales (CCS), les doy dos noticias:
La primera, la reunión con el Secretario General de Universidades, en la que se habló sobre financiación y uso eficiente de los recursos (alcanzar el 1% del PIB destinado a universidades en el 2020, y elevar la aportación de las empresas privadas, que sin el Banco de Santander o la Caixa, es muy baja, apenas 87 millones de euros). El Secretario General anunció la inminente modificación del decreto sobre creación de universidades para garantizar estándares mínimos de calidad para nuevas instituciones, públicas y privadas, abogó por mayor transparencia y evaluación, y por atraer talento internacional.
Y una segunda noticia que les comunico es un pequeño desencuentro por el que las universidades públicas madrileñas y la pública de Navarra han abandonado la Conferencia, en la confianza de que se restaure el entendimiento a la mayor brevedad.
Para este punto se les han remitido varias gráficas que resumen las ayudas concedidas en 2024, desagregando lo recibido por las vicerreitorías, el número de reuniones y acuerdos adoptados en ese mismo ejercicio y las asistencias.
Y termino compartiendo la creciente preocupación por el escaso mercado de alojamientos del que dispone el estudiantado en los tres Campus. Varias universidades están diseñando proyectos y fórmulas a medio plazo para ampliar la oferta, los fondos de inversión están entrando a este negocio residencial y las aspiraciones a hacer una universidad internacional y atractiva para captar matrículas fuera de la comunidad hace que esta carencia se manifieste como un enorme obstáculo. Desde el CS promoveremos un estudio robusto y útil que dimensione el problema y nos permita avanzar en soluciones reales.