Velar por el cumplimiento de los principios éticos y de integridad académica constituye un compromiso esencial de la comunidad universitaria. Esta función garantiza no solo la calidad de la educación y la investigación, sino también la confianza de la sociedad en los resultados y actuaciones que de ellas se derivan.
Se trata de asegurar que la actividad universitaria se desarrolle con honestidad, transparencia y responsabilidad, evitando prácticas como el plagio, el fraude académico o cualquier otra conducta deshonesta. Al mismo tiempo, implica promover una cultura institucional basada en la ejemplaridad, el respeto mutuo y la integridad profesional.
En este marco, corresponde al Consello Social, conforme a lo dispuesto en el artículo 47.2.l) de la LOSU, velar porque estos principios sean respetados y aplicados en el conjunto de la universidad.
En este contexto, y enlazo aquí con la importancia de los puntos 3 y 4 del orden del día, que nos remite la Comisión Económica, el Consello Social debe impulsar mecanismos e instrumentos que aseguren que la información pública sobre la universidad —tanto económica como institucional— esté disponible, sea comprensible y útil para los distintos grupos de interés: estudiantes, familias, empleadores, administraciones públicas, medios de comunicación o entidades sociales.
La transparencia y la rendición de cuentas pasan a ser principios fundamentales del buen gobierno universitario. No solo fortalecen la legitimidad de las instituciones, sino que garantizan que la ciudadanía, a través del control democrático y el acceso a la información, pueda valorar la eficacia del servicio público de educación superior.
Según establece el artículo 47.1 de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), el consejo social es “el órgano de participación y representación de la sociedad, un espacio de colaboración y rendición de cuentas en el que se interrelacionan con la universidad las instituciones, las organizaciones sociales y el tejido productivo”. Esta formulación legal no solo otorga legitimidad a su labor de control, sino que refuerza su papel como interlocutor de la sociedad ante el sistema universitario.
Este mandato legal convierte al Consello Social en receptor de una obligación de rendición de cuentas por parte de toda la universidad, pero también en garante de que dicha rendición se ejerza de forma clara, accesible y comprensible para la ciudadanía. Su función supervisora no se limita a la fiscalización económico-presupuestaria, sino que abarca también la publicidad de decisiones relevantes, la evaluación de la gestión institucional y la promoción de una cultura de apertura en todos los niveles organizativos. Es, por tanto, el órgano llamado a velar por que el sistema universitario dé cuenta de sus decisiones y de sus resultados a quienes lo financian y lo legitiman: la sociedad en su conjunto.
Existen entidades independientes que evalúan periódicamente el grado de transparencia de las universidades españolas, contribuyendo con ello a generar estándares comunes y facilitar la comparación entre instituciones. La más efectiva es la Fundación Haz: organización sin ánimo de lucro que promueve el buen gobierno, la transparencia y la rendición de cuentas, especialmente en el ámbito universitario y fundacional.
No solo permite conocer el grado de transparencia de la UVigo cada universidad, sino que ofrece herramientas útiles para los CCSS a la hora de evaluar, exigir y promover mejoras en este ámbito.
Esta Fundación acaba de hacer público su análisis de 2025, (tienen las conclusiones del informe en la carpeta del punto 3, que nos explicará David Basalo, a quien agradezco su presencia). Del análisis se concluye que la UVigo está entre las universidades más transparentes del estado, con un 98% de cumplimiento. De los 31 indicadores medidos, cumple 30. El único que no cumple (y tampoco ninguna otra universidad, por ser un indicador reciente) se refiere a no tener un responsable de compliance. Y aquí dice la Fundación Haz que además de identificar al responsable u órgano que tiene encomendada esta función y sus competencias, se especifique la dependencia del CS, como exige la LOSU. Y hay precedentes, como el caso de la ULPGC, donde la Comisión antifraude la preside la presidenta del CS. En nuestro caso, tiempo habrá de abordarlo, cuando Galicia regule la nueva ley que desarrolle la LOSU, que será la que defina cómo será el sistema de compliance en las universidades y las formas que deberán tener y por las que se deberán canalizar esas competencias.
Dice literalmente la Fundación:
Más allá de las competencias específicas que la normativa autonómica pueda atribuir, es importante que el Consello Social de la Universidad de Vigo asuma un liderazgo proactivo en materia de compliance. La actual LOSU expresa con claridad y sin ningún género de dudas que, aunque puedan existir otros órganos, tanto unipersonales como colegiados, que desarrollen y colaboren en la función de compliance (comité de ética y responsable de compliance), la garantía última de la autonomía y del buen funcionamiento del sistema de compliance en las universidades públicas depende del consejo social.
Enlazo pues el punto 3 con el siguiente, el punto 4, en que se recoge la auditoría de las medidas antifraude, que muestra un elevado grado de cumplimiento de la UVigo, pero que incide también en su gran debilidad, que repite insistentemente a lo largo del informe que nos presentará la gerente: la ausencia de nombramiento formal del responsable de cumplimiento.
Viene aquí al caso recordar el artículo 47.2.I de la LOSU, que indica como función del CS “Velar por el cumplimiento de los principios éticos y de integridad académica, así como de las directrices antifraude…..”. Adelanto mi agradecimiento a la gerente por informarnos hoy sobre este asunto.
Más allá de los asuntos de los que nos dará cuenta el Rector, con el ansiado acuerdo para compartir la docencia de Medicina al frente, quiero hacer una breve alusión a dos noticias externas divulgadas estos días, que deberían movernos a reflexión:
- La primera: Madrid aprueba su vigésima universidad, alojada en un rascacielos. Con 10 mil alumnos de 169 nacionalidades. Son ya 14 las universidades privadas, y seis las públicas, en Madrid. Y en España son ya 48 centros de pago y 50 los estatales.
- La segunda noticia: Una importante empresa estadounidense ha lanzado un programa pionero mediante internado remunerado de cuatro meses para jóvenes que terminan el instituto y deciden no ir a la universidad. En el fondo es una declaración ideológica y práctica contra el modelo tradicional instituto-universidad-empleo. Preocupante: Palantir es una empresa de software valorada en 450 mil millones de dólares.
Dado que todos los asuntos de hoy proceden de la Comisión Económica, doy la palabra a su presidente. Una vez más agradezco el trabajo de todos sus miembros, y el rigor con el que han analizado el presupuesto de la UVigo para 2026. Y hago una llamada a que no se pierda de vista los informes de impacto por razón de género y de impacto medioambiental, que han de ser tenidos en cuenta por todos los órganos implicados en la evaluación del presupuesto.