Convocamos este Pleno, otra vez entre la excepcionalidad y la obligación, con temas reconocibles y otros que nos adentran por terrenos nuevos en los que los caminos no están todavía marcados. Hay que abrirlos, así que tiene algo de heroica esta etapa. La paradoja es que, huérfanos de certezas y cautivos de los plazos, la toma de decisiones atenta contra el más elemental manual estratégico de cualquier combate, porque en este campo de niebla decidir es obligado, imprescindible y hasta urgente.
Esta crisis sanitaria ha venido sin manual de instrucciones, cuando ya nos habíamos acostumbrado a no dejar nada a la improvisación. Así que el dilema no es menor: ante cualquier decisión, el riesgo de equivocación es muy alto, pero el de quedarse quieto es infinitamente mayor.
Así pues, en el pleno pasado presentábamos las medidas extraordinarias avanzadas por el equipo de gobierno, y sus decisiones para hacer frente a esta situación imprevisible. Y hoy traemos el Plan de mejoras para aplicar esas medidas. Documentos especialmente valiosos y que debemos conocer al menos, para no dejar sola a la universidad en este desiderátum en el que no saber a qué nos vamos a enfrentar no sirve de excusa.
Pido que como Consello Social acompañemos al equipo de gobierno, y al Rector, como máximo responsable, en esta travesía, que sientan el aliento de la sociedad en sus decisiones, y hacerles saber que no solo en el acierto nos tendrán a su lado. Es un apoyo que no nos han pedido, pero quizá también precisamente por eso debemos dárselo.
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Más que nunca, desde los consejos sociales somos conscientes de que es el momento de la educación, de que el talento formado sea el verdadero motor del desarrollo y del bienestar económico y social, y de que en la formación de ese talento las universidades, sobre todo las públicas, sean protagonistas necesarias e insustituibles. La Conferencia de Consejos Sociales se dejó oír recientemente en la cumbre empresarial que organizó la CEOE. Allí dijimos, a través del presidente de la Conferencia, que la asignatura pendiente de España es formación y educación, y la sociedad debe asumirlo; que hay que adaptar la formación a la demanda de empleo, y que la falta de reformas lastra la excelencia de nuestras universidades públicas, por lo que resulta necesaria una nueva Ley de universidades que tenga un amplio consenso y no esté sometida al vaivén político.
Y en esa misma cumbre saltaron dos alertas. De una parte, que en el futuro inmediato la mayoría de los puestos de trabajo que se van a ofrecer van a ser de Formación Profesional (estudios datos comunitarios hablan de dos tercios del empleo), por lo que hay que facilitar la transición del estudio al empleo con una orientación profesional de calidad. Y una segunda reflexión es que España ocupa la 15 posición en la UE en graduados universitarios de las áreas STEM, precisamente en las que se va a generar mejor y mayor empleabilidad a corto-medio plazo.
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Y termino. Entre las preocupaciones y los temores que provoca la actual y anómala situación se habla de la caída de alumnos por la pandemia. Por la crisis económica, de una parte, y por la crisis de movilidad que podría afectar a la matrícula de muchos másteres en los que la presencia de extranjeros es muy alta. Pero también puede darse el caso contrario, bien sea porque hay más interés por la formación, como pasó en la crisis anterior, o bien sea porque los alumnos de las universidades más pequeñas opten por no trasladarse a las grandes ciudades.
Y a ese escenario sube Galicia, donde nunca se habían inscrito tantos alumnos como este año para la prueba de acceso a la universidad. La cima estaba en 11 mil aspirantes, en 2016: En este extraño 2020 podrían acercarse a los 15 mil. Son signos para el optimismo. Y también son signos para el optimismo que la UVigo haya disparado un 32% su facturación por I+D, por transferir a administraciones, y sobre todo a empresas, el conocimiento que generan sus grupos de investigación. Y lo mismo se puede decir por la captura de 17 millones de euros en las convocatorias de investigación a través de programas autonómicos, nacionales y europeos, 17 millones en 2019, frente a los 6 millones del año anterior. El mismo reconocimiento merecen las cuentas de liquidación del ejercicio de 2019, que se presentan hoy, y que mantienen la solidez y la vitalidad de la institución, lo que ha sido una constante durante los últimos años. Datos tranquilizadores para estos tiempos. Tiempos de decisiones.